La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes, en primera votación, una reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en las elecciones y extiende de seis a siete años los mandatos de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, deberá atravesar una segunda votación a partir del 18 de enero antes de entrar en vigencia.
La reforma también amplía los períodos de otros funcionarios electos y de los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía. La votación se realizó de manera unánime durante una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, a unos 90 kilómetros de Managua. El oficialismo controla la totalidad de la Asamblea Nacional y prácticamente no existe una oposición organizada dentro del país.
El gobierno de Ortega y Murillo mantiene un fuerte control político desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según Naciones Unidas y provocó el exilio de miles de nicaragüenses. Entre ellos se encuentran dirigentes opositores, intelectuales y religiosos que posteriormente fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”. Los opositores en el exilio advierten que la nueva reforma busca garantizar la continuidad del poder dentro de la familia gobernante.
La modificación constitucional llega después de que Ortega afirmara públicamente en julio que en Nicaragua “no habrá más elecciones” para evitar que la oposición llegue nuevamente al poder. Sus declaraciones fueron cuestionadas por distintos gobiernos de la región, mientras que Estados Unidos reclamó mayores presiones internacionales contra el gobierno nicaragüense. Panamá, por su parte, retiró a su embajador de Managua.
El oficialismo ya había impulsado una reforma constitucional en 2024 que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y convirtió a Murillo, hasta entonces vicepresidenta, en copresidenta. Aquella modificación también postergó las elecciones presidenciales, que originalmente debían realizarse este año, hasta finales de 2027. La nueva reforma profundiza ahora el proceso de concentración del poder y deja en suspenso el futuro del sistema electoral nicaragüense.