Las acciones de las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion registraron fuertes caídas en los mercados internacionales luego del discurso de Javier Milei, en el que el Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra compañías que participen de la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas. La reacción se sintió especialmente en Londres, donde cotiza Rockhopper Exploration.
La petrolera británica, que posee el 35% de Sea Lion, llegó a retroceder más de un 10% durante las primeras operaciones y tocó alrededor de 69 peniques por acción. Posteriormente, las pérdidas se moderaron y el papel operaba cerca de los 72,9 peniques, con una baja aproximada del 6,5%. También cayó Navitas Petroleum, la compañía israelí que opera el proyecto, cuyos títulos llegaron a perder cerca del 2% en Tel Aviv.
El movimiento se produjo pocas horas después de que Milei colocara nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y anunciara que enviará al Congreso una iniciativa para reforzar las sanciones y las penas contra las empresas que realicen actividades que la Argentina considera no autorizadas. La propuesta también contempla ampliar las medidas hacia proveedores y otros actores vinculados con la explotación petrolera.
Sea Lion está ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago, y constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos para el Atlántico Sur. Según las estimaciones citadas en el informe, el yacimiento podría contener unos 1.700 millones de barriles de petróleo. Las compañías prevén avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción en 2028.
Ante la reacción del mercado, Rockhopper y Navitas buscaron llevar tranquilidad a los inversores y sostuvieron que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldo del Reino Unido. Ambas compañías afirmaron que no esperan un impacto material de las recientes declaraciones sobre el desarrollo de Sea Lion ni sobre su cronograma.
Sin embargo, la respuesta bursátil mostró que el endurecimiento de la postura argentina ya comenzó a ser considerado como un nuevo factor de riesgo político, jurídico y comercial para el proyecto.